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 Las Defensorías de la Niñez
y Adolescencia son un servicio municipal público, permanente y
gratuito para la promoción, protección y defensa psico-socio-jurídica
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Las Defensorías fueron creadas por la Ley de Participación
Popular 1551. Su funcionamiento está garantizado en el Código
del Niño, Niña y Adolescente.
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Todos los niños, niñas y adolescentes bolivianos, que suman más de
la mitad de la población del país, nacen con libertades
fundamentales y con los mismos derechos que los adultos. Sin
embargo, todavía muchos de ellos viven en la pobreza, son
discriminados, marginados, abandonados o maltratados.
Debido a ello es que dentro de las leyes de reforma al Estado, la
Ley de Participación Popular 1551, transforma el marco jurídico centralista y
vertical para trasladar a los actores sociales el protagonismo en la
gestión social.
 Respondiendo a las necesidades antes señaladas, la
Ley 2026 del 17 de
julio de 1996, amplía atribuciones de los municipios señaladas en la
ley de participación popular, afianzada recientemente en el nuevo
código Niño, Niña y Adolescente, cuerpo de leyes que entra en
vigencia en el mes de junio del año 2000.
En consecuencia, la Gobierno Municipal de Santa Cruz de la
Sierra cumpliendo en el artículo 34 de la Ley 2026, referente a la creación indica
que: “Cada Gobierno Municipal creará Defensorías de la niñez y
Adolescencia”. La organización y el funcionamiento, entran en el
marco de las características y estructura administrativa del
Gobierno Municipal, tomando en cuenta:
Densidad Poblacional.
Número y características de los Distritos y Cantones.
Convenio de Mancomunidad.
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 Porque los niños,
niñas y adolescentes, a lo largo de la evolución de la
historia en Bolivia y el mundo han sido considerados como seres
inferiores.
La mayor parte de la población boliviana desconoce y omite los
derechos fundamentales de los ciudadanos, establecidos en la
Constitución Política del Estado y en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Porque existe un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que
son maltratados, explotados y marginados.
Porque asistimos a un elevado índice de niños y adolescentes
procesados ilegalmente, son víctimas de la retardación, negación y
mala administración de justicia.
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